La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, sostuvo que la contratación en el sector público se ha convertido en la forma más fácil de enriquecimiento ilícito en el país.

Así lo denunció durante su intervención en el ‘Congreso Jornadas de Contratación Estatal’, organizado por la Universidad de los Andes, en Cartagena, donde remarcó que a los corruptos no les gusta el control que ejerce la Procuraduría y esa puede ser la razón por la “que algunos sectores la quieren acabar”.

“Espero que los ciudadanos conscientes y correctos, que son la mayoría, levanten las banderas para que el control y el mantenimiento de los pesos y contrapesos en nuestra democracia no sean eliminados y regresemos, retrocediendo en las conquistas de nuestros derechos, al excesivo presidencialismo con las consecuencias que eso origina”, recalcó la jefe de Ministerio Público ante los asistentes.    

Indicó que la corrupción socava el interés público al desviar recursos y fondos que deberían destinarse a servicios esenciales y proyectos de desarrollo, así como genera un mal uso de los dineros públicos, lo que debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho.

Vigilancia sobre proyectos por 111 billones de pesos

La Procuradora General señaló que desde el 2021 las procuradurías delegadas para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública han estado atentas a la ejecución de proyectos que superan los 111 billones de pesos, que, de no existir una entidad como la Procuraduría que permanentemente emite recomendaciones y alertas, pudieron estar en riesgo por cuenta de acciones de corrupción.

Agregó que en la lucha contra la corrupción las delegadas con funciones disciplinarias de instrucción han proferido más de 33 mil decisiones, mientras que desde la función preventiva este año se han realizado 119.435 actividades, que le han ahorrado al país “no millones sino billones de pesos”.

En cuanto a la gestión cumplida en procesos de conciliación administrativa y judicial entre 2021 y 2023, dijo que la intervención de la Procuraduría le ha ahorrado al Estado alrededor de cuatro billones de pesos.

Sobre la vigilancia a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que para 2023 y 2024 están calculados en más de 30 billones de pesos, anunció que se especializó una procuraduría delegada que está encargada del seguimiento detallado al manejo de esos dineros.

Puntualizó que la Procuraduría continuará ejerciendo su función de control y seguimiento a las diferentes etapas de la actividad contractual, tanto del orden nacional como territorial, así como en todos los ámbitos, incluyendo el Sistema General de Regalías. “Es la forma adecuada de garantizar la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, claro está, con respeto de la autonomía administrativa de cada entidad”, concluyó.

*Con información de Procuraduría General de la Nación